El "defensor" del pueblo. (Fernando Aguero, Córdoba, Argentina)

Los paralelismos a veces sirven para comparar situaciones, para vislumbrar ejemplos que contribuyen a trazar un análisis acabado de situaciones que se dan en diferentes ámbitos. Así, la conflictiva y polémica designación del defensor del Pueblo de la Provincia marca un punto de referencia para entender cómo a veces los acuerdos políticos que se hacen tras bambalinas terminan por echar por tierra el significado trascendental que tiene esta institución.
Así como lo planteamos en el informe que habla de este tema en esta edición de La Jornada, la Defensoría del Pueblo es uno de los elementos que permiten darle una mayor participación en los andamiajes de la democracia al ciudadano común. Así, cuando ve cercenado algunos de sus derechos o toma conocimiento de irregularidades en el manejo de la administración pública, el ciudadano (usted, yo) puede acudir a la Defensoría para interponer recursos y que agilizar el cumplimiento de sus reclamos.
Pero la serie de acusaciones cruzadas que surgieron a partir de la designación por parte de la Legislatura de Mario De Cara como defensor del Pueblo de Córdoba, pusieron en tela de juicio toda la institución dejando un alo de sospecha en la opinión pública que será difícil de remontar.
El propio radicalismo le está pidiendo a De Cara que dé un paso al costado. El dirigente de Punilla llegó al puesto a partir de un acuerdo entre los bloques de Unión por Córdoba y la UCR en la Legislatura pero su propio partido está cuestionando esa designación.
A su vez, los medios provinciales comenzaron a divulgar información sobre supuestos actos de corrupción cometidos por el ahora ombudsman provincial.
Nada contribuye a que quien tendría que defender al ciudadano como usted y yo esté libre de accionar contra las mismas estructuras que lo llevaron al puesto.
Es por eso que, de alguna manera, el sistema elegido en Carlos Paz en el que el ombudsman debe ser elegido por el voto popular. Cuesta plata, pero es una forma más transparente de hacerlo.

En defensa. Lo sucedido en Carlos Paz no dista demasiado de lo que pasa en Córdoba. El paralelismo en este caso tiene que ver con la forma en que los distintos partidos, dirigentes y vecinos comunes, se comenzaron a mover para intervenir en los comicios y lograr transformarse en el defensor de todos nosotros.
Hay muy buenas intenciones pero, a su vez, quedan a la vista ambiciones personales que poco tienen que ver con la idea de defender a la gente. Si es por un sueldo, que será igual al del intendente (unos 9 mil pesos), todo se desnaturaliza.
No hay que confundir ni plantear objeciones al monto que quizás sea un elemento menor a la hora de analizar el tema. Hay que ir más al fondo y ahondar en la verdadera necesidad de que la ciudad cuente con un organismo intermedio al que recurrir, desprovisto de ideologías político-partidarias, pero empapado de la problemática de la gente.
Lo lamentable es que, así como sucede con otras instituciones de la democracia, se busque un puesto de cualquier forma y con el mero objetivo de acaparar poder, ocupar espacios y ganar dinero.

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