Caso Swift : el Parlamento Europeo rechaza una nueva cesión de soberanía

por Jean-Claude Paye

En el transcurso de estos últimos años, Washington tuvo acceso de manera ilegal a los datos bancarios confidenciales de los ciudadanos residentes europeos y esto significaba como símbolo el vasallaje o dominación de la Unión Europea por los EEUU así como la piedra angular de la integración europea en el Imperio Trasatlántico. Sin embargo, empleando nuevos poderes que le otorga el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha prohibido la legalización de esta práctica. Para nuestro colega investigador Jean-Claude Paye, no se trata de un simple peripecia parlamentaria ni una cuestión de libertad pública sino más bien de un golpe y parada en seco a un proceso que se discute públicamente por primera vez.


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El pasado 11 de febrero la asamblea plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo rechazó ratificar el Acuerdo «Swift» firmado por la Comisión Europea con las autoridades estadounidenses. Se trata de una reacción del Parlamento frente a una evolución de las relaciones trasatlánticas que da al ejecutivo estadounidense una soberanía directa sobre las poblaciones europeas. Si bien la reacción de los diputados carece de medios para poner de tela de juicio la dominación que preside estas relaciones, sin embargo marca un freno en el ejercicio de la hegemonía estadounidense en el proceso de reconocimiento por parte de los europeos del derecho que se ha otorgado la administración estadounidense de organizar su existencia.
El texto sometido a los diputados concedía a los servicios [de inteligencia] estadounidenses el derecho de apropiarse en suelo europeo de informaciones relacionadas con las transacciones financieras transnacionales de ciudadanos de países miembros de la Unión Europea. Así, por una amplia mayoría la asamblea siguió el consejo de la Comisión de las Libertades Civiles y de la Justicia que el 4 de febrero había pedido a ésta que rechazara el acuerdo validado el 30 de noviembre de 2009 por el Consejo de ministros de Interior de la UE.
Este acuerdo permitía a las autoridades estadounidenses apropiarse en los servidores de la sociedad Swift situados en territorio del viejo continente de datos financieros de ciudadanos europeos. Según la Comisión de las Libertades del Parlamento, el texto no ofrece suficientes garantías sobre la protección de esta información personal transmitida a la administración estadounidense. La Comisión se había sublevado además ante el carácter unilateral del texto ya que los estadounidenses son los únicos que explotarían estas informaciones. Los investigadores europeos, por su parte, no tienen acceso a los datos estadounidenses del servidor situado en Estados Unidos.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 la sociedad estadounidense de derecho belga Swift ha transmitido clandestinamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos decenas de millones de datos confidenciales concernientes a operaciones de sus clientes. A pesar de la violación flagrante de los derechos europeo y belga de protección de datos personales, nunca se ha pesto en tela de juicio esta transferencia [de datos]. Al contrario, la UE y Estados Unidos han firmado varios acuerdos destinados a legitimar esta apropiación de datos. Lo que el Parlamento acaba de rechazar es el último de estos acuerdos que sigue a una reorganización del sistema Swift para que los datos inter-europeos no abandonen el territorio del viejo continente en vez de ser enviados a un segundo servidor en Estados Unidos. Este cambio implicaba que las autoridades estadounidenses tendrían acceso directamente a los datos situados en los servidores europeos, lo que implica el reconocimiento de una transferencia de soberanía al ejecutivo estadounidense.
La oposición del Parlamento a esta transferencia unilateral de los datos financieros de los europeos supone un freno en el proceso de reconocimiento de la hegemonía estadounidense sobre los ciudadanos del viejo continente. Con todo, la relación de dominación estadounidense permanece intacta puesto que los estadounidenses nunca han dejado detener acceso a los datos europeos, ni siquiera cuando se reveló la violación del derecho de la Unión Europea ni cuando aún no se había firmado ningún acuerdo que legitimara la apropiación de estas informaciones. Éste sigue siendo el caso actualmente. El nuevo servidor situado en territorio europeo está operativo desde finales de 2009, las autoridades estadounidenses tienen acceso a él y lo justifican por la urgencia de la lucha antiterrorista. Es de suponer que la votación del Parlamento Europeo no modificará esta situación de hecho.
Las consecuencias de la reacción del Parlamento Europeo hay que leerlas en otro plano, el de la evolución del conjunto de las relaciones Estados Unidos-Unión Europa y, sobre todo, del proyecto de creación de un gran mercado transatlántico, verdadero acto de integración de la Unión Europea en una estructura política imperial organizada por la administración estadounidense. Dentro de este proyecto se ha previsto sobre todo la creación de una asamblea transatlántica destinada a legitimar la acción en curso. A la luz de la última reacción del Parlamento Europeo, este último objetivo bien podrían no ser el largo río tranquilo que esperaban tanto las autoridades estadounidenses como la Comisión y el Consejo de la Unión Europea.