La Tablada y el eje del mal

Por Nicolás Felicetti

El pasado 23 de enero se cumplió un nuevo aniversario del asalto al cuartel de La Tablada. Muy a menudo, se tiende a pensar este suceso histórico como algo aislado. Cada año, su análisis cierra en muy poquitas líneas: la condena del hecho. Existe, por si hoy nos queda duda, un eje en todos los acontecimientos que tiene su lógica y que nos acompaña hasta la actualidad. Siendo el año del bicentenario, aprovechando las distancias, el 23 de enero no hace más que revelarnos lo que muchos sabemos: quienes responden a quién y de qué manera.

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Hace 21 años atrás, siendo las 6:15 de la mañana, el calor era agobiante; un camión de reparto de gaseosas se dirige hacia el Regimiento de Infantería Mecanizada III en La Tablada. Al llegar allí, el camión acelera, el portón de entrada es destrozado e ingresa un grupo de personas armadas, las mismas, se sabría más tarde, eran militantes políticos del Movimiento Todos por la Patria. Comenzó un combate feroz que se extendió hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente, hora en que los miembros del MTP se rindieron. La recuperación del cuartel, ordenada por el entonces presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Raúl Alfonsín, estuvo a cargo del Gral. Arrillaga. El enfrentamiento dejó un saldo de 47 muertos: 9 militares, 2 policías, 28 militantes del MTP y 8 desaparecidos. En el cuartel fueron detenidas 13 personas – algunos, que inicialmente habían sido declarados por los militares como detenidos, más tarde como un gran misterio del universo, serían reconocidos como muertos en combate; no hace falta mencionar, que todos los detenidos fueron torturados-. También fueron detenidas 5 personas en las afueras del cuartel y 2 se presentaron voluntariamente. Mucho tiempo después, el 30 de octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobaría el informe para que se investiguen las irregularidades tanto en el juicio a los militantes como también las muertes durante la recuperación del cuartel: Arrillaga seguía jactándose de su efectiva represión.
Corría el año 1977 en la ciudad de Mar del Plata. El Coronel Alfredo Manuel Arrillaga se desempeñaba como jefe operativo de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601. Su superior, el Coronel Alberto Pedro Barba, había conseguido que le cedieran el viejo radar con el argumento de que sería usado como descanso y escala de las fuerzas de la GADA 601. Aquel viejo radar, que sería conocido como “la cueva”, “alojó” entre el 6 y el 11 de septiembre a once personas que habían sido secuestradas: 6 de esas personas eran abogados y es por esto que aquel suceso es conocido como la “noche de las corbatas”. Cinco laboristas fueron asesinados y Arrillaga, que desde antes de impuesta la última dictadura militar ya cargaba en su conciencia con varios torturados y desaparecidos por ser quien comandaba las operaciones en Mar del Plata, fue uno de los máximos responsables. No es casual, que cuando el presidente Ricardo Alfonsín lo llamó para que se hiciera cargo del operativo de recuperación del cuartel de La Tablada, el día 23 de enero de 1989, Arrillaga haya utilizado armamento prohibido por las normas internacionales -los tanques bombardearon el casino de oficiales utilizando fósforo blanco-. No es casual tampoco, que en el bombardeo atroz para eliminar a los militantes a toda costa, no se haya tenido ni siquiera compasión por sus militares que estaban de rehenes -digo, por poner un mínimo de compasión por alguien-. Cuando el enfrentamiento finalizó, los integrantes del MTP se rindieron y Arrillaga demostró como una persona que dice tener “catorce paquetes (detenidos) y dos en otra unidad” en una grabación, a la hora de cerrar caja las cuentas no le dan. Martha Fernandez, abogada defensora del MTP y viuda de Carlos Alberto Burgos, diría: “hay 13 detenidos, entonces… ¿dónde están los otros tres?” Aunque ya lo sabía, los detenidos que fueron fusilados eran 12.
El día 13 de noviembre del año pasado, el juez federal de Morón Germán Castelli dictó una resolución declarando como delitos de lesa humanidad las ejecuciones y torturas que llevaron a cabo los militares; y en diciembre, ordenó la detención para indagatoria y posterior procesamiento del Gral. Arrillaga y del Mayor Jorge Varando. Arrillaga ya se encontraba con prisión domiciliaria desde 2007. Varando, señalado como el último en tomar contacto con los militantes detenidos Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, hasta el día de hoy sigue prófugo. Ya sabemos cómo procedió con los detenidos, si no lo sabemos lo intuimos. Esta lógica pareciera ser la misma que movió al Mayor, 12 años después en pleno estallido social, a decir: “Tiren, no sean cagones” a los policías custodios del HSBC que tenía a su mando. Gustavo Benedetto, un joven de 23 años, se encontraba en el lugar manifestando y resultó muerto de un balazo. De cualquier manera, la defensa a Arrillaga y Varando no tardó en llegar el 14 de diciembre. Los delegados de la ONG UnoAmérica, Jorge Mones Ruíz y Liliana Raffo, escriben en una nota: “ La injusticia argentina encarcela al General Alfredo Arrillaga, comandante de la recuperación del cuartel y al Teniente Coronel Jorge Varando, quien intervino en ese episodio. Supuestos "crímenes de lesa humanidad"…”. Ya deberíamos saber que todo tiene que ver con todo.

Jorge Mones Ruíz es un ex carapintada que en su momento participó de los levantamientos contra el gobierno de Alfonsín, pidiendo impunidad para los genocidas de la desaparición de personas. Actualmente, es delegado de Uno América, una organización de ultra derecha que se formó para ser la contra de UnaSur. El señor Ruíz se ha mostrado muy inquieto por el actual contexto de América Latina. En nuestro país, durante el conflicto por la resolución 125, encabezó diversas charlas, principalmente en Santa Fe, para “esclarecer a los del campo” y tejer las alianzas que le permitieran acabar con el Kirchnerismo. En Bolivia, tuvo contacto con los comandos – algún que otro ex carapintada amigo, exiliado en Bolivia- que intentaban derrocar al presidente Evo Morales; la ONG, de la cual es delegado, hasta el día de hoy niega las implicancias del prefecto Leopoldo Fernandez en la masacre de Pando y lo atribuye a un plan ejecutado por el gobierno oficial. Para rematar: UnoAmérica estuvo presente y celebró las últimas elecciones en Honduras; anteriormente, Michelleti condecoró a su presidente Alejandro Peña Esclusa. Pareciera que los gobiernos populares no son de su agrado; que un estado que interviene en la economía no merece gobernar y hay que desestabilizarlo a toda costa.
El 23 de enero de 1989 dejó una gran marca en la historia. Personalmente, como hijo de ex presos políticos por ese hecho, guardo mis propias marcas. Hay quienes desde la izquierda prefirieren condenar la metodología por encima de los valores que se defienden – condenando así a los militantes- y viceversa: cada cual con lo suyo. El hecho es que el eje del mal es uno solo y cada quién sabe de que lado se pone. ¿Era tan ingenuo el pensamiento de aquellos luchadores? ¿Cómo pensar que la derecha pudo estar fraguando un golpe de estado? ¿Cómo creer que esta derecha dejaría de responder al gran interés que mueve todo?
Es tarde, visito por última vez la página de UnoAmérica y leo: “Alejandro Peña Esclusa propone conformar un gobierno de emergencia en Venezuela para enfrentar el colapso eléctrico”.
-No hay caso, por el libre mercado lo que sea-.


 -Nicolás Felicetti- (hijo de ex presos políticos por el copamiento del cuartel de La Tablada; tenía 4 años cuando ocurrió este hecho)