Los vagones que explotaron en el 11-M, fueron mandados desguazar DOS DIAS DESPUES DE LOS ATENTADOS

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Se trata, sin duda, de la prueba más clara de la complicidad y el encubrimiento, por parte de las autoridades españolas (jueces y políticos), del asesinato masivo de trabajadores y trabajadoras de Madrid, el 11-M.
Según un documento emitido por la Audiencia Nacional española, a petición de los familiares de las víctimas, los vagones que explosionaron el día 11 de marzo de 2004 fueron mandados destruir por RENFE, entre los días 13 y 14 de marzo de ese mismo año, es decir, tan sólo 2 días después de la tragedia. Pero según la legislación española, concretamente, según la ley de enjuiciamiento criminal, es obligatorio “que se conserven los restos de un atentado terrorista para que las partes puedan solicitar pruebas que salvaguarden los derechos tanto de las víctimas como de los acusados”, por lo que perfectamente esta decisión podría ser considerada como un delito de encubrimiento criminal e incluso hubiera sido motivo suficiente para declarar la nulidad, como así lo exigieron los abogados defensores, en el juicio-farsa por el que posteriormente serían condenadas varias personas como responsables de la masacre.
¿Dónde han ido a parar unas de las principales pruebas de esta terrible tragedia (nada menos que 90 toneladas de pruebas), que habrían podido ayudar a determinar con exactitud el tipo de arma homicida utilizada, así como el modo en que se perpetraron los atentados?, ¿es que quizás estas pruebas hubieran servido para revelar el uso de explosivos diferentes (de fabricación y uso exclusivamente militar como el C3 o C4) y una forma de ejecución de los atentados muy distinta a la que sostenían y sostienen las autoridades judiciales y políticas (explosivos situados en las vías o debajo de los vagones y no dentro, en mochilas), y que por lo tanto hubieran llevado las investigaciones por un camino muy distinto al deseado?
Sea como fuere, esta actitud no es nueva en la historia, y por otra parte sí se trata de una práctica muy habitual, especialmente empleada por el gobierno de los Estados Unidos, tras una tragedia de estas características. Un ejemplo cercano al 11-M lo constituye el desguace y traslado inmediato de los escombros del World Trade Center, tras el 11-S, o, anteriormente, la destrucción y entierro de los restos del rancho Monte Carmelo, en Waco, Texas, tras la matanza de los davidianos por el FBI.
Por otro lado, otro hecho que resulta cuanto menos sospechoso y que también podría haber sido considerado como constitutivo de delito, es la no realización de autopsias a los cuerpos de los supuestos suicidas de Leganés.
Según la versión oficial, la totalidad de los autores materiales del 11-M se inmolaron, pocos días después de los atentados, en un piso de Leganés, tras ser descubiertos por los GEOs. De esta forma los jueces se quitaban de un plumazo, un buen peso de encima, pues de esta forma, se evitaban la parte más ardua del proceso judicial, es decir, determinar la responsabilidad y autoría de los atentados. Muertos los supuestos culpables ¿quién se iba a preocupar ya de defenderlos?
Pero, ¿por qué no se les realizó ningún tipo de autopsia, algo obligatorio según la legislación española?, ¿quizás porque éstos ya llevaban varios días muertos?, ¿o porque las autopsias revelarían que la causa de su muerte no fue la explosión?, ¿quizás porque no había nadie en aquel piso, al menos, no quien se nos dijo?
Pincha aquí para ir a la página donde podrás descargar el documento de la Audiencia Nacional con mayor resolución, un documento que os animamos fotocopiar y a  repartir en las próximas concentraciones por la verdad del 11-M.
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